En Guanajuato elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) siguen empleado la tortura para obtener declaraciones auto-incriminatorias, de acuerdo con el informe anual de actividades de la Procuraduría de Justicia del Estado que abrió 18 expedientes de queja por esa causa.
La tortura, clasificada como crimen de lesa humanidad, quedó documentada por el Ombudsman en 2010, aun cuando la Procuraduría de Justicia se comprometió a erradicarla y hasta rotuló las hojas oficiales con frase, a raíz de la muerte de un ganadero de San Felipe, en 2009, durante un interrogatorio con golpes, descargas eléctricas y técnicas de asfixia que sufrió.
El Procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, informó que la tortura que se atribuye a la PME ocurrió en los municipios de Irapuato (4), Celaya (3), Valle de Santiago (2), Salamanca, (1), San Miguel Allende (2), León (2), San Luis de la Paz (1), Uriangato (1), Dolores Hidalgo (1) y Pénjamo (1), además de un caso ocurrido en Celaya por agentes ministeriales del Estado de México.
En 2010 se investigaron 19 casos de tortura, contra 24 de 2009 y 8 de 2008.
Autoridades de Seguridad Pública Municipal y la Procuraduría General de Justicia del estado aparecen como los principales infractores de los derechos humanos de los guanajuatenses.
Las policías municipales de Irapuato, León, Celaya y San Miguel de Allende, están a la cabeza de la lista por lesiones, detención arbitraria, allanamiento de morada y ejercicio indebido de la función pública.
En su informe de actividades, Rodríguez Junquera detalló que en un año concluyó 979 expedientes de queja y emitió 487 recomendaciones, de éstas el 53.80 por ciento a autoridades de Seguridad municipal y el 25.43% a la Procuraduría de Justicia.
En ese lapso se investigó la muerte de diez personas en separos municipales de Santa Catarina, Irapuato y León y en los Ceresos de León, Celaya y Valle de Santiago. La cifra de decesos en las prisiones subió en más del 100%, en relación a 2009 cuando se registraron 4.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación de Guanajuato ocupan el tercero, cuarto y quinto lugar, en casos de violación a los derechos de las personas.
La tortura, clasificada como crimen de lesa humanidad, quedó documentada por el Ombudsman en 2010, aun cuando la Procuraduría de Justicia se comprometió a erradicarla y hasta rotuló las hojas oficiales con frase, a raíz de la muerte de un ganadero de San Felipe, en 2009, durante un interrogatorio con golpes, descargas eléctricas y técnicas de asfixia que sufrió.
El Procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, informó que la tortura que se atribuye a la PME ocurrió en los municipios de Irapuato (4), Celaya (3), Valle de Santiago (2), Salamanca, (1), San Miguel Allende (2), León (2), San Luis de la Paz (1), Uriangato (1), Dolores Hidalgo (1) y Pénjamo (1), además de un caso ocurrido en Celaya por agentes ministeriales del Estado de México.
En 2010 se investigaron 19 casos de tortura, contra 24 de 2009 y 8 de 2008.
Autoridades de Seguridad Pública Municipal y la Procuraduría General de Justicia del estado aparecen como los principales infractores de los derechos humanos de los guanajuatenses.
Las policías municipales de Irapuato, León, Celaya y San Miguel de Allende, están a la cabeza de la lista por lesiones, detención arbitraria, allanamiento de morada y ejercicio indebido de la función pública.
En su informe de actividades, Rodríguez Junquera detalló que en un año concluyó 979 expedientes de queja y emitió 487 recomendaciones, de éstas el 53.80 por ciento a autoridades de Seguridad municipal y el 25.43% a la Procuraduría de Justicia.
En ese lapso se investigó la muerte de diez personas en separos municipales de Santa Catarina, Irapuato y León y en los Ceresos de León, Celaya y Valle de Santiago. La cifra de decesos en las prisiones subió en más del 100%, en relación a 2009 cuando se registraron 4.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación de Guanajuato ocupan el tercero, cuarto y quinto lugar, en casos de violación a los derechos de las personas.
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