En el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado, el gobierno ha puesto en marcha una paulatina militarización del país en la que el Ejército ha tomado las calles y desarrolla actividades de seguridad pública. Esta situación, riesgosa en sí, se agudiza por la falta de eficacia de los controles judiciales a los que supuestamente está sujeta la actuación militar y, por ende, amplios sectores de la población están siendo reprimidos, se han endurecido las penas y se han implementado diversas medidas violatorias de derechos humanos.
El gobierno reconoce, además, la necesidad de la participación de las Fuerzas Armadas —hoy en día intervienen alrededor de 45 mil elementos castrenses cada mes en actividades relacionadas con la seguridad pública— en apoyo a las autoridades civiles frente a la delincuencia organizada, y aunque según las autoridades dicho despliegue es subsidiario y exclusivamente a petición de las autoridades civiles, la situación se ha agravado a tal grado que, tan sólo durante 2007 y 2008, la CNDH registró mil 230 quejas contra la Sedena.
Lo anterior, de por sí grave, está enmarcado en un contexto en el que la reciente reforma del sistema de justicia penal (2008) configura al arraigo como un sistema de excepciones a los derechos constitucionales, abriendo otra puerta a la arbitrariedad.
Desde el punto de vista de los más altos estándares del derecho internacional de los derechos humanos, entre los que está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —ratificado por México en 1981—, el arraigo es una detención arbitraria y como tal va en contra de toda garantía individual y/o colectiva. Así, el gobierno de Felipe Calderón ha sido incapaz de conciliar la demanda de seguridad pública y el respeto a los derechos humanos más fundamentales, pues mientras asegura que el arraigo es una medida excepcional y ante el Examen Periódico Universal responde que "las personas bajo arraigo gozan de los derechos del debido proceso", los hechos demuestran lo contrario.
En el estado de Baja California y más específicamente en la ciudad de Tijuana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en conjunto con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, ha documentado cuatro casos graves de violaciones de derechos humanos contra policías y civiles, a manos del Ejército, en los que se ha constatado la utilización de la tortura y el arraigo como métodos para extraer confesiones en falso acerca de supuestos hechos relacionados con el crimen organizado.
En los cuatro casos documentados, tanto elementos policiacos como civiles fueron detenidos arbitrariamente, pues no se les presentaron las órdenes correspondientes y elementos castrenses los trasladaron a instalaciones militares donde fueron torturados y sometidos a tratos crueles e inhumanos. Se les hizo firmar declaraciones que en algunos casos hasta el día de hoy desconocen, fueron incomunicados y pudieron ver a sus familiares hasta varios días después de su detención arbitraria.
En todos los casos se registraron violaciones al debido proceso, ya fuera por la falta de un abogado de oficio, flagrancia o pruebas. Algunos de ellos obtuvieron su libertad; sin embargo, han tenido que huir de su ciudad pues han sido objeto de hostigamiento, cese laboral y amenazas a sus familiares.
La resistencia de las autoridades a recibir y dar curso a denuncias contra servidores públicos por graves violaciones de derechos humanos, como la tortura, configura un ciclo de impunidad, y por tanto llevó a la necesidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar los hechos y buscar que dicha instancia pida al Estado mexicano que la PGR reciba las denuncias e investigue; que impida que las personas sean arraigadas en instalaciones militares; que la CNDH agilice las quejas y emita recomendaciones oportunas; que, a nivel estatal, la Procuraduría inicie las investigaciones de los delitos cometidos y se garantice la protección de las víctimas.
Lo anterior evidencia un Estado fallido en materia de derechos humanos y, por lo tanto, es preciso recurrir a instancias internacionales para que el patrón de violaciones se detenga y así intentar romper el ciclo de impunidad en el que los encargados de proteger a la ciudadanía fallan.
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