Ciudad de México.- Primera de dos partes
El asesinato de 72 indocumentados de diversos países en Tamaulipas abrió la puerta, una vez más, para que México reciba condenas internacionales, "porque la forma en que se protege a la población en general y en este caso al migrante es deplorable".
Así lo advierte Rubén Moreira Valdez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quien además considera la posibilidad de que los encargados de la seguridad pública de este país sean llamados a comparecer "para que rindan cuentas".
Es el momento, dice, de que el Ejecutivo federal lo haga, porque "se le han autorizado más de 25 iniciativas para mejorar la seguridad y le ha sido duplicado en dos tantos el presupuesto federal, que pasó de 15 mil millones de pesos a 45 mil millones. Se le han otorgado todas las herramientas jurídicas y las de recursos financieros para mejorar la seguridad del país, y los resultados han sido lamentables".
"Es muy probable -recalcó- que en la Cámara de Diputados pidamos la comparecencia de los encargados de la Seguridad Pública de este país para que rindan cuentas, porque las herramientas para el combate ya las tienen".
Hoy que con el asesinato de los indocumentados quedan vinculados estrechamente dos grandes problemas en México: el narcotráfico y la migración, el diputado Moreira Valdez fue entrevistado brevemente para El Sol de México.
-Ante el hallazgo de una fosa clandestina en Tamaulipas con 72 personas asesinadas presuntamente por Los Zetas; migrantes que, supuestamente, eran indocumentados ecuatorianos, brasileños y tal vez de otras nacionalidades, ¿cómo debiera actuar el Gobierno mexicano y qué medidas tomarán ustedes desde la Cámara de Diputados?, fue la pregunta de entrada.
--Nosotros condenamos enérgicamente lo que sucede. Corresponde a las autoridades federales y del orden común -respondió- hacer una amplia investigación de los hechos, determinar si los autores fueron de esa banda delictiva o de otra. Es lamentable, terrible, que en nuestro país la vida humana se pierda con tanta facilidad por hechos delictivos. Como se esperaba, estamos recibiendo condenas internacionales, porque la forma en que se protege a la población en general y en este caso al migrante es terrible.
Esperamos que pronto tengamos la investigación completa y el Gobierno federal cuente con una política clara en materia de migración y pueda garantizar la vida de todos en el territorio mexicano, agregó.
* Añeja situación muy conocida
A finales del pasado abril, Amnistía Internacional dio a conocer el informe "Víctimas Invisibles. Migrantes en Movimiento en México", en el cual denunció: "Las personas migrantes en México se enfrentan a una crisis de derechos humanos que las deja prácticamente sin acceso a la justicia, por miedo a represalias y a ser deportadas del país si denuncian los abusos".
Asimismo: "La persistente inacción de las autoridades para enfrentar los abusos cometidos contra migrantes irregulares, ha hecho que su viaje a través de México sea uno de los más peligrosos del mundo".
Y también la actuación arbitraria de policías municipales y estatales "que no son sancionados", los excesos de poder por parte de policías al detenerlos arbitrariamente, extorsionarlos o entregarlos a bandas de delincuentes fue señalada.
Los secuestros de migrantes, principalmente para pedir rescate, alcanzaron nuevas cotas en 2009, año en el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que casi 10 mil fueron secuestrados en un periodo de seis meses y casi la mitad de las víctimas entrevistadas dijeron que funcionarios públicos estaban involucrados en su secuestro, precisó Amnistía Internacional en esa ocasión.
Además, especificó: Se calcula que seis de cada 10 mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual, lo que presuntamente hace que algunos traficantes de personas exijan a las mujeres administrarse una inyección anticonceptiva antes del viaje, para evitar que se queden embarazadas como consecuencia de violación.
Como consecuencia, la Secretaría de Gobernación admitió algunas observaciones de dicho organismo internacional y también señaló la complejidad del problema, amén de considerar que "el crimen organizado ha diversificado su actuación, extendiéndose hacia otras actividades ilícitas que afectan de manera directa a los migrantes".
Informó entonces que el Gobierno federal, mediante el Instituto Nacional de Migración, asumía la responsabilidad en el ámbito de sus funciones (después de despedir a 370 agentes de Migración), además de explicar la serie de actividades llevadas a cabo en las estaciones migratorias, entre las cuales está la difusión de las nuevas normas sobre los derechos (y obligaciones) de los migrantes, como es el de ejercer la denuncia en caso de ser víctimas de delitos.
En 2009, a través de los agentes de los Grupos Beta de Protección a Migrantes, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer la localización de 161 personas reportadas como extraviadas, mientras que a más de 196 mil les fue ofrecida asistencia social en las dos fronteras del país y en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y Tabasco otorgaron 266 asistencias jurídicas a los migrantes, 213 mil 429 orientaciones, en patrullajes por las principales rutas que utilizan los extranjeros en su camino hacia la frontera norte.
Pero encontrarse con el crimen organizado es mucho más grave. Por ello esta pregunta para el diputado Moreira Valdez.
-Amnistía Internacional y otras organizaciones mundiales han protestado por la forma en que se trata al migrante en México, al cual se le abandona a su suerte, está a la deriva, por lo cual el crimen organizado comete secuestros y en este caso asesinatos, y algunas policías actúan ilegalmente al extorsionarlos y permitir que haya además violaciones de mujeres y niños, así como la comisión de una serie de delitos contra ellos. ¿Ustedes enviarán alguna iniciativa para apretar las tuercas a quienes corresponda y evitar esta situación que está asolando a México?
--Al Ejecutivo federal se le han autorizado más de 25 iniciativas para mejorar la seguridad y le ha sido duplicado en dos tantos el presupuesto federal, que pasó de 15 mil millones de pesos a 45 mil millones. Se le han otorgado todas las herramientas jurídicas y las de recursos financieros para mejorar la seguridad del país, y los resultados han sido lamentables.
"Es muy probable -recalcó- que en la Cámara de Diputados pidamos la comparecencia de los encargados de la seguridad pública de este país para que rindan cuentas, pero las herramientas ya las tienen".
-¿Entonces qué está sucediendo?, porque la situación que prevalecía en el año 2007 ha ido incrementándose y, lo más grave, se ha venido agudizando hasta alcanzar estos asesinatos de 72 personas sin que se observen acciones para evitarlo, a menos de que el Instituto Nacional de Migración esté haciendo algo y todavía no se sepa.
--Está sucediendo que tenemos un Gobierno federal ineficiente, que desató una guerra con una estrategia totalmente errónea; un Gobierno federal que no tiene una perspectiva de lo que iba a suceder. Es el momento de que rinda cuentas. Corresponde el asunto a las políticas públicas, ya no está en el lado legislativo.
* Un preludio de la actualidad
En 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un Informe Especial Sobre los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes. Hay indicios de que aquellos abusos eran el preludio del futuro cercano de lo que hoy se está viviendo.
La CNDH advertía en el mismo que los migrantes indocumentados de diferentes nacionalidades que realizan su trayecto por el territorio nacional, son altamente vulnerables debido a que viajan en medios de transporte de alto riesgo, como el ferrocarril de carga o camiones de doble fondo; utilizan caminos de extravío y en general lugares solitarios; pernoctan en sitios abiertos; desconocen las zonas por las que pasan; evitan el contacto con la policía o cualquier agente del Estado; no conocen sus derechos o prefieren no ejercerlos si ello implica ser visibles; se encuentran lejos de sus lugares de origen y no saben ante quién acudir en caso necesario o desconocen las leyes del país.
Decía además la institución que, debido a su situación migratoria irregular, no acuden a la autoridad y, por el contrario, se alejan de ésta; su carácter de indocumentados los hace víctimas propicias de los malos servidores públicos y de la delincuencia común y organizada; su intención de cruzar a Estados Unidos los hace vulnerables a falsas promesas y ofertas de trabajo o de traslado hasta su destino; cuentan con muy pocos recursos económicos y muchos de ellos van avisando a sus familiares cuando llegan a una población para que les envíen dinero; son fácilmente detectados por quienes quieran abusar de ellos; no saben que pueden acudir ante la autoridad para denunciar abusos y delitos en su contra, o bien prefieren no hacerlo para no ser devueltos a su país.
Concluía (antes de exponer una serie de testimonios de las víctimas) que todo lo anterior los hace sujetos potenciales de una gran cantidad de riesgos y abusos, y los coloca en un estado de indefensión. Así, con frecuencia son víctimas de bandas organizadas y en muchas ocasiones de autoridades federales, locales y municipales, especialmente de las encargadas de la seguridad pública, las que los golpean brutalmente, humillan y extorsionan con amenazas de privarlos de la vida, de la libertad o deportarlos a sus países de origen, prácticas que constituyen violaciones a sus derechos humanos.
Precisamente porque el problema migratorio no se limita a los nacionales mexicanos y la confrontación armada contra el narcotráfico adquiere dimensiones distintas.
-Pareciera que la guerra interna que se desarrolla en México contra el crimen organizado está traspasando los límites nacionales, al abarcar como víctimas a grupos de personas, como son los indocumentados de diversos países que fueron asesinados en su cruce por territorio mexicano. ¿Cuál es su observación al respecto?
--El fenómeno delictivo del narcotráfico se está desplazando a otras conductas delictivas por la presión que recibe. Esto no se previó, desafortunadamente, y soy de los que creen que, por desgracia, esto se va a recrudecer y que muy pronto tendremos otras escaladas criminales debido a la ineficiencia existente.
(Continuará)
El asesinato de 72 indocumentados de diversos países en Tamaulipas abrió la puerta, una vez más, para que México reciba condenas internacionales, "porque la forma en que se protege a la población en general y en este caso al migrante es deplorable".
Así lo advierte Rubén Moreira Valdez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quien además considera la posibilidad de que los encargados de la seguridad pública de este país sean llamados a comparecer "para que rindan cuentas".
Es el momento, dice, de que el Ejecutivo federal lo haga, porque "se le han autorizado más de 25 iniciativas para mejorar la seguridad y le ha sido duplicado en dos tantos el presupuesto federal, que pasó de 15 mil millones de pesos a 45 mil millones. Se le han otorgado todas las herramientas jurídicas y las de recursos financieros para mejorar la seguridad del país, y los resultados han sido lamentables".
"Es muy probable -recalcó- que en la Cámara de Diputados pidamos la comparecencia de los encargados de la Seguridad Pública de este país para que rindan cuentas, porque las herramientas para el combate ya las tienen".
Hoy que con el asesinato de los indocumentados quedan vinculados estrechamente dos grandes problemas en México: el narcotráfico y la migración, el diputado Moreira Valdez fue entrevistado brevemente para El Sol de México.
-Ante el hallazgo de una fosa clandestina en Tamaulipas con 72 personas asesinadas presuntamente por Los Zetas; migrantes que, supuestamente, eran indocumentados ecuatorianos, brasileños y tal vez de otras nacionalidades, ¿cómo debiera actuar el Gobierno mexicano y qué medidas tomarán ustedes desde la Cámara de Diputados?, fue la pregunta de entrada.
--Nosotros condenamos enérgicamente lo que sucede. Corresponde a las autoridades federales y del orden común -respondió- hacer una amplia investigación de los hechos, determinar si los autores fueron de esa banda delictiva o de otra. Es lamentable, terrible, que en nuestro país la vida humana se pierda con tanta facilidad por hechos delictivos. Como se esperaba, estamos recibiendo condenas internacionales, porque la forma en que se protege a la población en general y en este caso al migrante es terrible.
Esperamos que pronto tengamos la investigación completa y el Gobierno federal cuente con una política clara en materia de migración y pueda garantizar la vida de todos en el territorio mexicano, agregó.
* Añeja situación muy conocida
A finales del pasado abril, Amnistía Internacional dio a conocer el informe "Víctimas Invisibles. Migrantes en Movimiento en México", en el cual denunció: "Las personas migrantes en México se enfrentan a una crisis de derechos humanos que las deja prácticamente sin acceso a la justicia, por miedo a represalias y a ser deportadas del país si denuncian los abusos".
Asimismo: "La persistente inacción de las autoridades para enfrentar los abusos cometidos contra migrantes irregulares, ha hecho que su viaje a través de México sea uno de los más peligrosos del mundo".
Y también la actuación arbitraria de policías municipales y estatales "que no son sancionados", los excesos de poder por parte de policías al detenerlos arbitrariamente, extorsionarlos o entregarlos a bandas de delincuentes fue señalada.
Los secuestros de migrantes, principalmente para pedir rescate, alcanzaron nuevas cotas en 2009, año en el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que casi 10 mil fueron secuestrados en un periodo de seis meses y casi la mitad de las víctimas entrevistadas dijeron que funcionarios públicos estaban involucrados en su secuestro, precisó Amnistía Internacional en esa ocasión.
Además, especificó: Se calcula que seis de cada 10 mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual, lo que presuntamente hace que algunos traficantes de personas exijan a las mujeres administrarse una inyección anticonceptiva antes del viaje, para evitar que se queden embarazadas como consecuencia de violación.
Como consecuencia, la Secretaría de Gobernación admitió algunas observaciones de dicho organismo internacional y también señaló la complejidad del problema, amén de considerar que "el crimen organizado ha diversificado su actuación, extendiéndose hacia otras actividades ilícitas que afectan de manera directa a los migrantes".
Informó entonces que el Gobierno federal, mediante el Instituto Nacional de Migración, asumía la responsabilidad en el ámbito de sus funciones (después de despedir a 370 agentes de Migración), además de explicar la serie de actividades llevadas a cabo en las estaciones migratorias, entre las cuales está la difusión de las nuevas normas sobre los derechos (y obligaciones) de los migrantes, como es el de ejercer la denuncia en caso de ser víctimas de delitos.
En 2009, a través de los agentes de los Grupos Beta de Protección a Migrantes, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer la localización de 161 personas reportadas como extraviadas, mientras que a más de 196 mil les fue ofrecida asistencia social en las dos fronteras del país y en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y Tabasco otorgaron 266 asistencias jurídicas a los migrantes, 213 mil 429 orientaciones, en patrullajes por las principales rutas que utilizan los extranjeros en su camino hacia la frontera norte.
Pero encontrarse con el crimen organizado es mucho más grave. Por ello esta pregunta para el diputado Moreira Valdez.
-Amnistía Internacional y otras organizaciones mundiales han protestado por la forma en que se trata al migrante en México, al cual se le abandona a su suerte, está a la deriva, por lo cual el crimen organizado comete secuestros y en este caso asesinatos, y algunas policías actúan ilegalmente al extorsionarlos y permitir que haya además violaciones de mujeres y niños, así como la comisión de una serie de delitos contra ellos. ¿Ustedes enviarán alguna iniciativa para apretar las tuercas a quienes corresponda y evitar esta situación que está asolando a México?
--Al Ejecutivo federal se le han autorizado más de 25 iniciativas para mejorar la seguridad y le ha sido duplicado en dos tantos el presupuesto federal, que pasó de 15 mil millones de pesos a 45 mil millones. Se le han otorgado todas las herramientas jurídicas y las de recursos financieros para mejorar la seguridad del país, y los resultados han sido lamentables.
"Es muy probable -recalcó- que en la Cámara de Diputados pidamos la comparecencia de los encargados de la seguridad pública de este país para que rindan cuentas, pero las herramientas ya las tienen".
-¿Entonces qué está sucediendo?, porque la situación que prevalecía en el año 2007 ha ido incrementándose y, lo más grave, se ha venido agudizando hasta alcanzar estos asesinatos de 72 personas sin que se observen acciones para evitarlo, a menos de que el Instituto Nacional de Migración esté haciendo algo y todavía no se sepa.
--Está sucediendo que tenemos un Gobierno federal ineficiente, que desató una guerra con una estrategia totalmente errónea; un Gobierno federal que no tiene una perspectiva de lo que iba a suceder. Es el momento de que rinda cuentas. Corresponde el asunto a las políticas públicas, ya no está en el lado legislativo.
* Un preludio de la actualidad
En 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un Informe Especial Sobre los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes. Hay indicios de que aquellos abusos eran el preludio del futuro cercano de lo que hoy se está viviendo.
La CNDH advertía en el mismo que los migrantes indocumentados de diferentes nacionalidades que realizan su trayecto por el territorio nacional, son altamente vulnerables debido a que viajan en medios de transporte de alto riesgo, como el ferrocarril de carga o camiones de doble fondo; utilizan caminos de extravío y en general lugares solitarios; pernoctan en sitios abiertos; desconocen las zonas por las que pasan; evitan el contacto con la policía o cualquier agente del Estado; no conocen sus derechos o prefieren no ejercerlos si ello implica ser visibles; se encuentran lejos de sus lugares de origen y no saben ante quién acudir en caso necesario o desconocen las leyes del país.
Decía además la institución que, debido a su situación migratoria irregular, no acuden a la autoridad y, por el contrario, se alejan de ésta; su carácter de indocumentados los hace víctimas propicias de los malos servidores públicos y de la delincuencia común y organizada; su intención de cruzar a Estados Unidos los hace vulnerables a falsas promesas y ofertas de trabajo o de traslado hasta su destino; cuentan con muy pocos recursos económicos y muchos de ellos van avisando a sus familiares cuando llegan a una población para que les envíen dinero; son fácilmente detectados por quienes quieran abusar de ellos; no saben que pueden acudir ante la autoridad para denunciar abusos y delitos en su contra, o bien prefieren no hacerlo para no ser devueltos a su país.
Concluía (antes de exponer una serie de testimonios de las víctimas) que todo lo anterior los hace sujetos potenciales de una gran cantidad de riesgos y abusos, y los coloca en un estado de indefensión. Así, con frecuencia son víctimas de bandas organizadas y en muchas ocasiones de autoridades federales, locales y municipales, especialmente de las encargadas de la seguridad pública, las que los golpean brutalmente, humillan y extorsionan con amenazas de privarlos de la vida, de la libertad o deportarlos a sus países de origen, prácticas que constituyen violaciones a sus derechos humanos.
Precisamente porque el problema migratorio no se limita a los nacionales mexicanos y la confrontación armada contra el narcotráfico adquiere dimensiones distintas.
-Pareciera que la guerra interna que se desarrolla en México contra el crimen organizado está traspasando los límites nacionales, al abarcar como víctimas a grupos de personas, como son los indocumentados de diversos países que fueron asesinados en su cruce por territorio mexicano. ¿Cuál es su observación al respecto?
--El fenómeno delictivo del narcotráfico se está desplazando a otras conductas delictivas por la presión que recibe. Esto no se previó, desafortunadamente, y soy de los que creen que, por desgracia, esto se va a recrudecer y que muy pronto tendremos otras escaladas criminales debido a la ineficiencia existente.
(Continuará)
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