Tomado de Tribuna de Querétaro 576
Jacobo Pichardo Otero
Fue hace cuatro años, el 24 de abril de 2007, cuando la Asamblea legislativa del Distrito Federal aprobó la interrupción legal del embarazo (ILE) antes de las doce semanas de gestación.
Desde entonces, la Ciudad de México se ha convertido en la única entidad del país que garantiza el derecho de las mujeres a decidir de manera libre sobre su cuerpo, a la autonomía, a la información y a la maternidad voluntaria.
Mientras tanto, en el resto del país las mujeres siguen siendo criminalizadas por interrumpir un embarazo que no desean; incluso por tener abortos espontáneos son acusadas de homicidio en razón de parentesco, como ocurre en el vecino estado de Guanajuato.
En el caso de Querétaro, el Código Penal señala, en su artículo 138, que “a la mujer que se procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le aplicará de uno a tres años de prisión”; pues se comete “delito de aborto” al causar la “muerte al producto” desde la concepción hasta antes del nacimiento.
Lo que pasa en el país es que a las mujeres se les sigue negando el derecho a decidir sobre su cuerpo, el derecho a una plena autonomía.
Y, además se sigue privilegiando una visión moralista, basada en la religión católica, por encima de los derechos humanos.
Por esto resulta necesario que el aborto sea visto desde tres perspectivas: Como un problema de derechos humanos, como un problema de salud pública y como un problema de justicia social.
De derechos humanos porque proteger la salud reproductiva de las mujeres implica el respeto a la elección de ser madres o no y asegurar las condiciones óptimas para que los embarazos lleguen a buen término.
Es tan importante proteger la decisión de interrumpir un embarazo no deseado como el garantizar las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo.
El que los Estados garanticen el derecho a la ILE, no significa que todas las mujeres van a optar por esta decisión o que se les va a obligar a ello, sino que sólo se reconoce la posibilidad de decidir.
Es decir, el Estado respeta la decisión de las mujeres que no desean abortar, pero garantiza el derecho de las que ya decidieron no continuar con un embarazo.
La misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define en su artículo cuarto el derecho a libertad reproductiva, al señalar que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.
Al no garantizarse este derecho, en treinta y un estados de la República, se está obligando a las mujeres a poner en riesgo su vida en abortos clandestinos.
Y es en este punto es donde el tema se debe abordar como un problema de salud pública.
Basta recordar que la muerte por abortos clandestinos es la tercera causa de muerte en las mujeres embarazadas en México, según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Si bien el aborto no es un método anticonceptivo –es una última opción- la ILE debe contemplar el ejercicio de la libertad a través de decisiones informadas.
Es decir, el gobierno debe garantiza una educación sexual laica y basada en los avances científicos, la prevención y el acceso anticonceptivo como elementos claves de una política de salud integral.
Hay que recordar también que México ha firmado y ratificado el programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en el Cairo en 1994, así como el documento resultante de la Conferencia Mundial Sobre la Mujer en Beijing China, donde se reconoció al aborto inseguro como un grave problema de salud pública.
Resulta también importante ver el problema del aborto como un problema de justicia social, pues la mayoría de mujeres que mueren a consecuencia de un aborto clandestino son las que tienen menos escolaridad y menos recursos.
Esto indica que las mujeres que viven en situaciones de pobreza, marginación, violencia, discriminación y analfabetismo están expuestas a un mayor riesgo de morir o sufrir un grave daño a su salud al realizarse un aborto clandestino, por el hecho de no tener acceso a servicios de salud con personal capacitado.
Por estos motivos resulta indispensable que los gobiernos diferencien lo jurídico de lo moral y lo religioso y actúen en congruencia con el Estado laico y la justicia social.
Debemos recordar que México es un estado laico en donde no deben prevalecer las creencias religiosas de ningún grupo y donde se debe respetar y garantizar el derecho de las mujeres a decidir de manera libre sobre su cuerpo y a la maternidad libre y voluntaria.
Jacobo Pichardo Otero
Fue hace cuatro años, el 24 de abril de 2007, cuando la Asamblea legislativa del Distrito Federal aprobó la interrupción legal del embarazo (ILE) antes de las doce semanas de gestación.
Desde entonces, la Ciudad de México se ha convertido en la única entidad del país que garantiza el derecho de las mujeres a decidir de manera libre sobre su cuerpo, a la autonomía, a la información y a la maternidad voluntaria.
Mientras tanto, en el resto del país las mujeres siguen siendo criminalizadas por interrumpir un embarazo que no desean; incluso por tener abortos espontáneos son acusadas de homicidio en razón de parentesco, como ocurre en el vecino estado de Guanajuato.
En el caso de Querétaro, el Código Penal señala, en su artículo 138, que “a la mujer que se procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le aplicará de uno a tres años de prisión”; pues se comete “delito de aborto” al causar la “muerte al producto” desde la concepción hasta antes del nacimiento.
Lo que pasa en el país es que a las mujeres se les sigue negando el derecho a decidir sobre su cuerpo, el derecho a una plena autonomía.
Y, además se sigue privilegiando una visión moralista, basada en la religión católica, por encima de los derechos humanos.
Por esto resulta necesario que el aborto sea visto desde tres perspectivas: Como un problema de derechos humanos, como un problema de salud pública y como un problema de justicia social.
De derechos humanos porque proteger la salud reproductiva de las mujeres implica el respeto a la elección de ser madres o no y asegurar las condiciones óptimas para que los embarazos lleguen a buen término.
Es tan importante proteger la decisión de interrumpir un embarazo no deseado como el garantizar las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo.
El que los Estados garanticen el derecho a la ILE, no significa que todas las mujeres van a optar por esta decisión o que se les va a obligar a ello, sino que sólo se reconoce la posibilidad de decidir.
Es decir, el Estado respeta la decisión de las mujeres que no desean abortar, pero garantiza el derecho de las que ya decidieron no continuar con un embarazo.
La misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define en su artículo cuarto el derecho a libertad reproductiva, al señalar que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.
Al no garantizarse este derecho, en treinta y un estados de la República, se está obligando a las mujeres a poner en riesgo su vida en abortos clandestinos.
Y es en este punto es donde el tema se debe abordar como un problema de salud pública.
Basta recordar que la muerte por abortos clandestinos es la tercera causa de muerte en las mujeres embarazadas en México, según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Si bien el aborto no es un método anticonceptivo –es una última opción- la ILE debe contemplar el ejercicio de la libertad a través de decisiones informadas.
Es decir, el gobierno debe garantiza una educación sexual laica y basada en los avances científicos, la prevención y el acceso anticonceptivo como elementos claves de una política de salud integral.
Hay que recordar también que México ha firmado y ratificado el programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en el Cairo en 1994, así como el documento resultante de la Conferencia Mundial Sobre la Mujer en Beijing China, donde se reconoció al aborto inseguro como un grave problema de salud pública.
Resulta también importante ver el problema del aborto como un problema de justicia social, pues la mayoría de mujeres que mueren a consecuencia de un aborto clandestino son las que tienen menos escolaridad y menos recursos.
Esto indica que las mujeres que viven en situaciones de pobreza, marginación, violencia, discriminación y analfabetismo están expuestas a un mayor riesgo de morir o sufrir un grave daño a su salud al realizarse un aborto clandestino, por el hecho de no tener acceso a servicios de salud con personal capacitado.
Por estos motivos resulta indispensable que los gobiernos diferencien lo jurídico de lo moral y lo religioso y actúen en congruencia con el Estado laico y la justicia social.
Debemos recordar que México es un estado laico en donde no deben prevalecer las creencias religiosas de ningún grupo y donde se debe respetar y garantizar el derecho de las mujeres a decidir de manera libre sobre su cuerpo y a la maternidad libre y voluntaria.
Visto en http://rayuelared.blogspot.com/
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