Sobre la criminalización de los movimientos sociales en Querétaro

Texto presentado durante el foro Criminalización de la Lucha Social”, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con la participación, además, de Francisco Ríos Agreda, Agustín Escobar Ledesma, Salvador Canchola Pérez y Antonio Flores González. Ciudad de Querétaro, abril 6, 2011 Los ciudadanos y las organizaciones sociales están en su absoluto derecho de moverse al margen y aún en contra de las instituciones del Estado. No sólo pueden oponerse al orden jurídico, pueden combatirlo. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, útero de todas las instituciones del país, reconoce que “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Bueno, pues, el mismísimo EZLN, cuando se alzó en armas con el propósito de derrocar al gobierno, hace 15 años, lo hizo invocando este artículo, el 39 de la Constitución, que todavía está vigente aquí donde a veces la Constitución parece importar muy poco. Imagen: Especial. Siempre he creído que en la legítima persecución de sus propósitos las organizaciones sociales no deberían desdeñar el margen (a veces muy delgado margen) en que pueden ser útiles las instituciones para empujar sus luchas. Si bien el orden jurídico ha sido diseñado para proteger la propiedad y asegurar el orden, también lo es que ese orden tiene grietas y resquicios a los que puede encontrárseles utilidad. Es cierto que hay en la historia judicial de este país sentencias aberrantes, como la que exoneró a un gobernador en su contubernio con un poderoso industrial para afectar a una periodista; como la que exoneró al presidente de la República tras haber puesto en peligro la elección presidencial de 2009, y como la que exoneró a miembros del gabinete presidencial por la muerte de 49 niños y las heridas perennes a 75 más en una guardería. Es cierto. Pero también es cierto que hay otras determinaciones judiciales que nos dejan como lección que siempre será mejor usar a las instituciones que escupirlas mandarlas al caño. Son las instituciones que tenemos y, sin apostar sólo por ellas, es pertinente hacernos cargo de ellas para empujar la agenda ciudadana. Me interesa remitirme al suceso que se instaló en la mente colectiva como “el caso Atenco”. Recuerdo haber leído el último día de junio de 2010, en la víspera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera su histórica sentencia sobre Atenco, que el periodista Carlos Ramírez se preguntaba qué debía imperar en el país, si “la ley o los machetes”. Desde el torpe planteamiento de esta disyuntiva, el comentarista anticipaba en tono furibundo su reclamo y advertía que si la Corte ordenaba la liberación de los líderes presos de Atenco, otorgaría “certificado de impunidad a la protesta social que utiliza la violencia para imponer sus exigencias” y derogaría el “Estado de Derecho”. Bueno, pues la Primera Sala de la Corte ordenó la liberación de Ignacio del Valle y otros 11 líderes de Atenco, que por hechos ocurridos cuatro años atrás habían sido condenados a prisión hasta por la fabulosa cantidad de 112 años. En esa histórica sentencia, la Corte encontró un punto de conciliación entre la ley y los machetes y ratificó que al protestar y luchar por sus demandas las organizaciones sociales no cometen delito alguno. En el expediente del caso, la Corte documentó la vida cotidiana de la injusticia en México: para acusar a los líderes sociales la Procuraduría usó pruebas ilícitas; sus acusadores partieron de “premisas falsas y endebles”; hubo desmesura y desproporción en la reacción del Estado, que inconstitucionalmente usó su maquinaria para acallar y menguar la fuerza de una organización que tiene todo el derecho de oponerse, al tiempo que se estableció que el caso debía ser abordado y entendido en un contexto político-social de presión a las autoridades para que atendieran sus demandas en beneficio de la población. Más aún, el ministro ponente, Juan Nepomuceno Silva Meza, [por cierto, hoy presidente de la Suprema Corte], estableció, cito sus palabras textuales, que las sentencias dictadas a los líderes constituyeron “una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social como una forma de castigar ser oposición”. Repito la conclusión del ministro: las sentencias constituyeron “una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social como una forma de castigar ser oposición”. Por si no fuera suficiente, el ministro sostuvo que el reclamo social no puede ser considerado sinónimo de delincuencia y repudió la “ideología totalitaria” sobre la que descansaron las condenas, toda vez que la presunción de “peligrosidad” tuvo como único fundamento la pertenencia a una organización “peligrosa” sólo por ser opositora. Hay que leer con detenimiento el acta número 23 de la sesión de la Primera Sala de la Corte, del 30 de junio de 2010, al resolver el amparo directo 4/2010. Contiene una verdadera cátedra sobre el tema que hoy nos reúne aquí. Y nos viene a confirmar lo dicho al principio: pese a la mala conducta de las instituciones hay que identificar sus grietas y hay que colarnos por ellas para hacer avanzar las demandas sociales. Una segunda cuestión que deseo expresar es la convicción de que a líderes sociales de Querétaro, como Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, Pascual Lucas Julián y Anselmo Robles Sánchez, les aplica puntualmente la argumentación del ministro Silva Meza y por ello no tuvieron por qué haber vivido en la cárcel todo un sexenio ni haber sufrido vejaciones en el Módulo Rojo de San José el Alto. Bajo el mismo recurso que se aplicó a los líderes de Atenco, el de un expediente jurídico afectado de “maquillaje institucional”, según las palabras que utilizó el ministro Silva Meza, se castigó con la cárcel a esos líderes por su trabajo en el Comité de Defensa Popular, en la organización de la colonia autogestiva Vista Alegre Maxei y en el Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas. Tales fueron los excesos que, incluso, una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la abogada Celia Maya García, tuvo el arrojo suficiente para cuestionar el expediente judicial y salir en defensa de los encarcelados al considerarlos nada menos que “presos políticos”. Más aún, el mismísimo Subcomandante Marcos estuvo en Querétaro, en aquella Marcha por el color de la tierra, en marzo de 2001, hace justamente diez años, para reclamarlos como presos de su organización y demandar su liberación. Para concluir, hay que decir al menos una palabra respecto de otro líder actualmente en prisión: Rubén Díaz Orozco, dirigente de El Barzón en los días difíciles de 1995, y que pese a su precaria salud sigue encarcelado por haber encabezado las protestas de los deudores clasemedieros que para defender su patrimonio tomaron la calle, cerraron los bancos, retuvieron a los actuarios y emplumaron a los abogados. Podrá decirse que Rubén Díaz Orozco actuaba como un excéntrico iluminado o que cometió errores y excesos. Sí, podrán decirse de él y de los líderes antes mencionados todo lo que se quiera. Pero lo que no podrá decirse nunca es que en sus organizaciones hayan estado la corrupción, el abuso o la ruptura del Estado de Derecho. Hay que asomarnos bien para localizar dónde están los verdaderos invasores de tierras. Dónde los verdaderos especuladores inmobiliarios. Dónde los verdaderos nidos de la corrupción. Y dónde los verdaderos destructores del Estado de Derecho. No están, desde luego, en las organizaciones sociales. Nunca los van a encontrar allí porque allí no están. Por supuesto, seguiré insistiendo en que a Sergio Jerónimo Sánchez Sáez debe garantizársele su retorno a Querétaro sin condición alguna. De igual manera, debe ser liberado Gustavo Romero Salazar, dirigente del Frente Estatal de Lucha. Y como en los últimos días se han sumado nuevos hechos que obligan a enfatizar en la tendencia a criminalizar la protesta social, me sumo a las voces que reclaman que también deje su destierro Jorge Zurita Carreño, que denunció una red de corrupción que involucra a funcionarios del primer círculo del Poder Ejecutivo del Estado; me sumo desde luego a las voces que se solidarizan con el semanario Libertad de Palabra y su director, que junto a Tribuna de Querétaro ha servido de altavoz a muy delicadas denuncias; me sumo a la indignación por la persecución policiaca en contra de 39 adolescentes, detenidos hace unos días por manifestar con grafiti la frustración que campea en la república; me sumo al coraje por la detención de un grupo de jóvenes universitarios por impugnar al presidente de la República, cuya guerra sólo ha traído desolación en todos los caminos y abundante luto en miles de familias. Y, por supuesto, también este día es oportuno recordar que en la lista de 561 desaparecidos políticos en México continúa inscrito el nombre de Arnulfo Córdova Lustre, un sindicalista de la planta Kimberly Clark de San Juan del Río, desaparecido el 24 de marzo de 1981. Como puede verse, es falso que en Querétaro no pasa nada. Sí pasa, mucho y desde hace mucho. Muchas gracias. Enlace