Legalizar la precariedad
En la propuesta de reforma laboral, que la derecha priísta presentó el pasado 10 de marzo, se intenta legalizar la precariedad, afectando principalmente a los jóvenes, al permitirse la creación de contratos de prueba (Art. 39-A), de capacitación inicial (Art. 39-B) y de labores discontinuas (Art. 39-F). En el Art. 35 se legalizan los contratos por temporada. El problema es que en el Art. 39 se señala que tales contratos pueden prorrogarse con la misma naturaleza. Efectivamente en el Art. 39-A se señala que los períodos de prueba “no podrán exceder de treinta días”, sin embargo, en el siguiente párrafo se permite la extensión del período hasta seis meses para trabajadores que desempeñen labores técnicas o profesionales especializadas. La misma situación se permite para los contratos de capacitación inicial (Art. 39-B), los que también pueden extenderse hasta seis meses.
La precariedad y el mercado interno
La propuesta de la derecha priísta abre una puerta enorme para el aumento de la precariedad laboral en nuestro país. La precariedad en el trabajo significa que no se tiene un trabajo estable, es decir, que uno puede ser despedido, de manera injustificada, en cualquier momento o que se tiene trabajo sólo de manera temporal (propuesta del Art. 39-F). Significa también que no se tiene acceso a prestaciones sociales, como sucede con muchos de los trabajadores en régimen de subcontratación (outsourcing) o contratados por honorarios: no tienen acceso al Seguro Social o al ISSSTE, no se les pagan vacaciones ni aguinaldo, no tienen prima de antigüedad, etcétera. La precariedad significa también salarios no remuneradores. En la práctica, para millones de trabajadores, este tipo de salario, no existe a pesar de que se trata de lo mínimo indispensable para solventar los gastos del trabajador y de su familia (alimentación, vivienda, salud, educación, esparcimiento, etc.). Por estas características, la precariedad laboral implica el empobrecimiento de una población, pues disminuyen los ingresos de los trabajadores y por lo tanto su capacidad de compra. Esto último afecta a los negocios y a las empresas y, en última instancia, a todo el sector industrial y de servicios. Si la gente puede comprar menos, los negocios venden menos y compran menos a las industrias y si las industrias venden menos, despiden a su personal. Estamos frente a un ciclo perverso y no virtuoso. Y aquí es necesario recordar que en la crisis de 2009, Brasil salió mucho mejor librado que México, gracias a la fortaleza de su mercado interno. En efecto, cuando Felipe Calderón fue impuesto, mediante un fraude electoral, en la Presidencia de la República, el número de pobres en México era de aproximadamente 45 millones, para 2008 ese número ya había aumentado a 55 millones (Estudio del Banco Mundial, La Jornada, 20/08/09). Mientras que en Brasil, con Lula da Silva, el número de pobres se redujo en 32 millones.
Trabajar menos, trabajar todos
La propuesta del PRI de diciembre de 2010, en su artículo 61, incluía la limitación de la jornada máxima de trabajo a 40 horas semanales (ocho horas diarias durante cinco días a la semana). Sin embargo, en su propuesta de marzo de este año, retiraron su propuesta a pesar de que en la exposición de motivos de su propuesta del año pasado, se señalaba, justamente que “si esta reforma tiene como uno de sus propósitos elevar el número de empleos disponibles en la economía nacional, el establecimiento de una jornada semanal de 40 horas, permitiría a un gran número de desempleados acceder al empleo remunerado y la capacitación en competencias laborales y, por otro lado, estaría en consonancia con los lineamientos del marco conceptual conocido como trabajo decente”. Esta es la razón por la que países como Francia y Alemania instrumentaron la semana laboral de 35 horas: con el fin de abatir el desempleo.
La movilización social y el CPE francés
En Francia, el 16 de enero de 2006, el gobierno de derecha de Dominique de Villepin anunció la creación del llamado “Contrato del Primer Empleo” (CPE) con el que se pretendía “reducir la tasa de desempleo entre los jóvenes”. El CPE, vigente para empresas con más de 20 trabajadores, tenía las siguientes tres características básicas: aplicable sólo a los menores de 26 años; ampliaba el período de prueba de seis meses a dos años y los jóvenes podían ser despedidos de manera injustificada durante dicho período. Es decir, algo mínimo con respecto a la actual propuesta de reforma laboral de la derecha mexicana. El 9 de febrero de 2006, el gobierno francés recurrió a una “moción de confianza” para imponer su proyecto de ley en la Asamblea Nacional. El 9 marzo se aprobó de manera definitiva el CPE. El 30 de marzo el Consejo Constitucional validó el CPE y éste entró en vigor el 2 de abril, luego que el 31 de marzo, el presidente Jacques Chirac se vio obligado a reducir el período de prueba del CPE a un año buscando frenar las protestas sociales. Desde enero de ese año comenzaron las primeras protestas en la calle. En febrero, marzo y abril hubo manifestaciones de cientos de miles de personas en las calles, principalmente jóvenes preparatorianos y universitarios, las principales víctimas del CPE, pero también sindicalistas y trabajadores de mayor edad a los que no se les aplicaría el CPE pero que sí podría, en el futuro, aplicarse a sus hijos u otros familiares. Estudiantes universitarios tomaron sus universidades en diferentes ciudades francesas. En marzo hubo ya manifestaciones nacionales en las calles en donde el número de manifestantes rebasó el millón de personas. A finales de marzo hubo una huelga en la que se manifestaron entre uno y tres millones de personas, esa misma cantidad de manifestantes salió a las calles el 4 de abril, luego de la entrada en vigor del CPE. Para el 6 de abril, los manifestantes bloquearon carreteras, trenes y puentes en varias ciudades, incluidos los accesos al aeropuerto parisino de Orly. La crisis social y política en Francia abierta por el CPE terminó el 10 de abril, cuando el presidente francés, Chirac, y el primer ministro, de Villepin, se vieron obligados a anunciar el fin del CPE debido a la amplia movilización social de los trabajadores, de los estudiantes y de los jóvenes franceses. La movilización social logró que el CPE, aprobado por la Asamblea Nacional (análoga a nuestra Cámara de Diputados) tuviera una corta vida de tan sólo 8 días. Y este es un método democrático de rechazar leyes que lesionan los intereses de las mayorías. Este es uno de los tantos ejemplos que pueden darse sobre cómo los europeos han defendido en las calles su estado social y sus conquistas laborales de las últimas décadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario